Eran los años en que el licenciado José López Portillo fungía como presidente de la república. Los fuertes grupos empresariales del norte del país, más concretamente los asentados en Monterrey, presionaban fuertemente al gobierno en busca de prebendas. El anterior presidente los había desairado múltiples veces, llegando a enfrentarlos duramente en lo que consideraban su guarida inexpugnable, la capital del estado de Nuevo León. Aunque años después López Portillo les daría un golpe material nacionalizando la banca, el presidente necesitaba un respiro después de haber abierto una puerta democrática, impulsando una reforma política que facilitaba el registro de nuevos partidos. Eran tres los que por entonces tenían posibilidades de alcanzarlo: el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano, heredero de la más rancia derecha sostenida por los sinarquistas y los viejos añorantes de la cristiada.
Para limar asperezas el presidente aceptó asistir a una asamblea nacional que los empresario tendrían en Monterrey. Aunque la presencia del ejecutivo evitaría que en la asamblea se atacara abiertamente al gobierno, que el presidente asistiera como simple invitado era un triunfo político de los capitanes de industria, no tanto por dejarse de sentir despreciados, sino porque recuperarían algo del protagonismo que el anterior mandatario les había abollado.
Las organizaciones de izquierda mostraron de diversas formas su disgusto a lo que veían como una concesión indebida a la gran burguesía pretendidamente nacional, pero el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) llegó a la siguiente conclusión en una de sus reuniones de su comité central: En el mismo Monterrey, en la guarida predilecta de los empresarios más belicosos, declarados enemigos de las empresas estatales, de la propiedad colectiva de la tierra materializada en los ejidos, de las empresas cooperativas y desde luego de los sindicato, en ese centro emblemático de la reacción, el gobierno federal necesitaba establecer claramente un contrapeso, asistiendo, por ejemplo, a un acto popular de gran caldo. Era claro que el PRI de Nuevo León no lo iba a preparar; el PST le ofrecería el acto a López Portillo.
De inmediato se iniciaron los preparativos para que fuera posible el contrapeso. El trabajo debería realizarse en dos planos diferentes. El más importante: preparar una gran concentración popular. La tarea no era sencilla: los militantes del PST tendrían que movilizarse no para solicitar soluciones inmediatas a problemas urgentes, tendrían que entender el tamaño de la medida política; era decir, con una asistencia masiva, disciplinada y combativa: “Empresarios del país, el ejecutivo no es de ustedes; buscan prebendas; nosotros defendemos derechos y estaremos vigilantes para que no se nos menoscaben.” Era una de las primeras pruebas de qué tanto habían avanzado los recientes militantes del nuevo partido en su comprensión de la política.
El trabajo en el otro plano tampoco era sencillo: había que convencer al ejecutivo federal que reunirse con nosotros era el contrapeso para equilibrar los embates de los rijosos empresarios regiomontanos.
Nos estamos alargando mucho en esta narración, pero necesitamos establecer bien el marco que permita entender los sucesos que describiremos más adelante.
Prometemos dentro de ocho días continuar escribiendo sobre este mismo tema.
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